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¿Artículo 70 o de vuelta a los 70?

El pasado miércoles 24, el presidente Martín Vizcarra dio un ultimátum a las clínicas privadas. Señaló que haría uso del artículo 70 de la Constitución Política –el cual prevé la expropiación de bienes en casos de necesidad pública– si las clínicas no llegaban a un acuerdo con el Estado respecto a las tarifas a cobrarse por la atención de pacientes por COVID-19. Hace ya algunas semanas que diversos políticos y medios de comunicación planteaban reintroducir controles de precios, regular los créditos e incrementar la injerencia del Estado en la economía. Pero que el presidente de la república anuncie que está analizando la posibilidad de expropiar empresas privadas es algo diferente, constituye un hito peligroso, que marcaría claramente que hemos empezado a desandar lo mucho que habíamos avanzado en los últimos 30 años. ¡Qué pena!

¿Por qué anunció esto el presidente? ¿Cuánto tiempo toma hacer una expropiación en el Perú? ¿Tiene sentido expropiar una clínica para hacer uso de unas cuantas camas UCI? ¿O es que se estaba pensando en expropiar las camas? ¿Cuántas camas UCI hay disponibles en las clínicas privadas? A continuación, ensayo algunas respuestas a estas cinco preguntas: (i) Ni idea; habrá que preguntárselo a él, a sus ministros y/o a sus asesores. En cualquier caso, ha sido una tremenda equivocación. (ii) Una expropiación puede tomar varios años en el Perú. (iii) No hay que expropiar toda una clínica para que el Estado pueda acceder a sus servicios. (iv) Expropiar camas UCI carece de sentido; lo que se requiere es acceder al servicio, que requiere de personal especializado. (v) Las clínicas privadas tienen cerca de 240 camas UCI y en la actualidad están usando cerca del 90% de las mismas.

El día de la referida declaración presidencial, en Lima habían menos de 25 camas UCI disponibles en las clínicas privadas. Así es, todo este lío se habría generado por menos de 25 camas UCI. En caso que el anuncio no haya sido hecho con el fin de resolver la tarifa a pagar por 25 camas, entonces debe haber otra razón –algunos piensan que se trataría de una jugada política para incrementar la popularidad del presidente–, pero también debemos contemplar la posibilidad de que no haya habido una buena razón, que se trate simplemente de una equivocación, muy costosa por cierto, como veremos seguidamente.

Si lo que se buscaba era poder hacer uso de la plataforma privada de salud en la actual crisis sanitaria, no era necesario amenazar con una expropiación que, por cierto, no podría ejecutarse en el corto plazo requerido y que resultaba impracticable (¿acaso se imagina usted al Estado tratando de expropiar la unidad de cuidados intensivos o el ala de neumología de una determinada clínica?). Lo único que se necesitaba era aplicar el artículo 82 de la Ley General de Salud, el cual señala que: <<En la lucha contra las epidemias, la Autoridad de Salud queda facultada para disponer la utilización de los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas y en las colindantes>>.

Dicho artículo no implica que no haya que pagar por estos recursos, por lo que igual había que ponerse de acuerdo en el costo. Pero para ponerse de acuerdo, todas las partes tienen que hacer un esfuerzo. En este episodio hubo algunos actores que no estuvieron presentes en las mesas de diálogo a fin de poder llegar a acuerdos –por ejemplo, ESSALUD, que tiene más del doble de camas UCI que todas las clínicas privadas juntas–. Por otro lado, las nuevas autoridades del SIS parecen no ser muy afectas al intercambio de ideas, sino a la imposición de las suyas; mientras que las clínicas privadas no lograron transmitir con claridad la razonabilidad de sus propuestas. Es más, algunas de ellas maximizaron a corto plazo, sin mayor consideración por el aspecto humano del problema, y sin pensar en las consecuencias a largo plazo de sus acciones ni en las consecuencias de estas sobre el conjunto de clínicas. Ahora, muchos peruanos, aparentemente empezando por el presidente Vizcarra, piensan que las clínicas privadas son unas desalmadas a quienes solo les importa el lucro y no las vidas de las personas. ¡Tremendo trabajo que les queda por delante para modificar conductas y recomponer su imagen!

Por qué el presidente prefirió referirse al artículo 70 de la Constitución –de poca relevancia práctica para este caso–, en lugar de referirse al artículo 82 de la Ley General de Salud.  ¿Por qué si lo que buscaba era solucionar el problema no citó a las partes a Palacio y los instó a ponerse de acuerdo por el bien del país y de ellos mismos, pero en privado y sin amenazas? Con la enorme autoridad que comanda, habría resuelto el problema en cinco minutos. ¿Sabía el presidente que el problema era de menos de 25 camas y que, por lo tanto, lo que estaba en juego era menos de 50,000 soles diarios? ¿Se lo informó el Ministerio de Salud? ¿El Ministerio de Economía y Finanzas había evaluado el impacto en términos de incertidumbre y del clima de inversión de la declaración presidencial del miércoles? ¿El gobierno ha pensado en el efecto que esto tendrá en términos de menos inversión, más desempleo y mayor pobreza? ¿Quién le hizo el análisis costo-beneficio del caso, señor presidente?

Si bien, el mismo miércoles en la noche, las clínicas privadas y el Estado llegaron a un acuerdo, poco podemos decir sobre si este es razonable o no. Entiendo que un acuerdo razonable sería aquel que permita acceder a los servicios UCI de las clínicas privadas pagando su justiprecio. Si, bajo la amenaza presidencial, se llegó a un precio por debajo del límite inferior de lo que constituye un precio justo, la negociación no habría sido un éxito, se trataría de una coacción que irremediablemente generará incentivos perversos y más problemas a futuro. Si, por otro lado, se llegó a un precio por encima del precio justo, entonces… mejor no hacer comentarios.

No conozco la estructura de costos de la atención de pacientes con COVID-19 en las clínicas, pero es difícil entender por qué una tarifa plana de 55,000 soles por paciente, así la estadía dure de un día o más de treinta, resultaría razonable. Los incentivos son espantosos: prolongar la vida reduce las ganancias de las clínicas y puede generarles grandes pérdidas. Seguramente, los errores de diseño se podrán corregir con el tiempo –ojalá– pero las observaciones aquí presentadas demuestran que forzar soluciones de manera apresurada puede resultar contraproducente.

Nuestro ordenamiento jurídico prevé que todo proyecto de norma deba venir acompañado de un análisis costo-beneficio. Aunque nuestra práctica legislativa dista mucho de cumplir seriamente con este requerimiento, sería altamente recomendable que el Ejecutivo lo tome en cuenta en su quehacer diario. Seguramente si el presidente Vizcarra hubiese contado con asesoría económica adecuada, habría podido anticipar los enormes costos de su anuncio –los cuales se irán materializando en los siguientes meses– y los diminutos beneficios, si alguno, del mismo. En este escenario, Vizcarra –un hombre inteligente y consecuente–, jamás habría hecho la declaración que hizo.

También es cierto que si los equipos que negociaron apuradamente y bajo presión el acuerdo del miércoles por la noche, con el apoyo de notables peruanos, hubiesen contado con el necesario apoyo en materia de análisis económico, seguramente habrían llegado a un acuerdo diferente, más beneficioso para el país. Es importante señalar que la negociación no se trataba de un “juego de suma cero” (en el que lo que gana uno lo pierde el otro), podía ser uno de suma positiva. Sin embargo, la presión impuesta por el anuncio presidencial junto a la falta de entendimiento y/o la necesidad de agradar a las altas esferas del poder de algunos funcionarios convirtieron a este juego en uno de suma negativa. Todos hemos perdido.

Ojalá no retrocedamos en el tiempo, no solo en términos de ingreso per cápita y pobreza, sino en términos de ideas y madurez como sociedad. Desgraciadamente, es muy fácil saltar del artículo 70 a los años 70, cuando el país –gracias a ideas que hoy en día vuelven a la palestra– cayó en un larguísimo declive. No cometamos los mismos errores. El populismo está a la vuelta de la esquina, aquí en el Perú y en muchos países del mundo. La frustración y la desesperación de los pueblos en el actual contexto de pandemia constituyen un buen caldo de cultivo para el resurgimiento del populismo. A los líderes políticos les toca guiar a sus pueblos, apartarlos de los peligros de los cantos de sirena, decirles la verdad y gestionar sus gobiernos con eficiencia y transparencia. Esperamos que usted lo haga señor presidente. La mayor parte de los peruanos le deseamos éxito, pues el mismo nos beneficiará a todos.

Publicado en Revista El Reporte, 28 de junio de 2020

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Otra vez, los controles de precios

“La primera lección de economía es la escasez: nunca existe lo suficiente de algo para satisfacer las necesidades de todos. La primera lección de la política es olvidar la primera lección de economía.” Esta frase de Thomas Sowell cobra relevancia en el Perú de hoy. Nuevamente, escuchamos en los medios de comunicación y en el Congreso, propuestas de controles de precios con el objeto de promover el acceso a productos y servicios de primera necesidad a los sectores de menos recursos. Ejemplo de esto es el reciente proyecto ley para regular los precios de medicamentos y de productos para la protección de la salud en estado de emergencia sanitaria, promovido por la bancada del Frente Amplio.

¿Acaso, establecer topes a los precios resuelve el problema de la escasez o, más bien, lo podría agravar? El populismo, con toda la irresponsabilidad que lo caracteriza, nos está tocando la puerta nuevamente. Aquí no se trata de recitar el credo del economista neoliberal –según el cual los controles de precios y muchas otras formas de intervención estatal destruyen valor y generan un enorme costo social–, sino de ser pragmáticos y no proponer políticas que ya nos han causado mucho daño en el pasado.

Los economistas enfatizan que los precios relativos son las señales básicas que sustentan la economía de mercado. Los precios fijados por la interacción de la oferta y la demanda proveen mucha información, y a partir de ella los agentes económicos toman un sinfín de decisiones. Los controles de precios distorsionan estas señales, generando grandes ineficiencias y racionamiento. Es decir, aseguran que la población no pueda acceder a la cantidad deseada del producto o servicio cuyo precio se controla. Pero, además de esto, este tipo de iniciativas incrementan la incertidumbre a los inversionistas, lo cual ahuyenta el capital y reduce el crecimiento y el empleo. Así, el problema no es solo de estática comparativa, sino básicamente uno de dinámica macroeconómica.

Habiendo pasado por el descalabro económico de los años 80, es increíble volver a escuchar este tipo de propuestas. En aquel entonces se intentó controlar los precios de los alimentos básicos, el tipo de cambio y las tasas de interés, entre otros. ¿El resultado? Colas interminables para conseguir un poco de azúcar, leche o arroz; racionamiento cambiario y crediticio, a la vez que florecían los mercados negros y la corrupción. ¿Por qué sucedió esto? Porque los controles de precios no alivian el problema de falta de acceso a un determinado producto, sino que lo empeora: a menor precio, menor volumen ofertado.

Hace más de 30 años que no tenemos controles de precios para los alimentos, y verificamos más producción y más consumo per cápita de productos de primera necesidad que cuando habían controles de precios. En este periodo, tampoco controlamos el tipo de cambio ni las tasas de interés, y las reservas internacionales y el nivel de crédito llegaron a sus niveles más altos. Y en materia de precios de combustibles, hace cerca de 10 años que el número de productos sujeto al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles se viene reduciendo. Hace 2 meses, se excluyeron de la lista 2 de los últimos 3 combustibles que quedaban, por generar un alto costo fiscal y no beneficiar a los más pobres. Así de claro y simple: ¡los controles de precios no funcionan!

Y hoy en día, cuando vemos a los políticos proponer controles de precios en el sector salud y congelar los intereses en el sistema financiero, justamente en el contexto de la actual crisis, cabe preguntarse: ¿No han aprendido nada? ¿Qué viene después, expropiaciones y más empresas públicas?

 

Publicado en Diario Gestión, 25 de junio de 2020

 

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¿Más Estado y menos mercado?

En las últimas dos semanas, probablemente muchos peruanos desarrollaron o afianzaron su rechazo a la empresa privada y a la economía de mercado. Sin duda, las innumerables noticias y declaraciones sobre el precio del balón de oxígeno, los precios de los medicamentos, los supuestos cobros de las clínicas privadas por las pruebas moleculares del COVID-19, contribuyeron a esta desazón con la iniciativa privada. Hoy, gracias también a un periodismo que hace poca investigación, se cuestiona el rol de la empresa privada en el sector salud y, peor aún, la conveniencia del modelo de economía de mercado.

Desgraciadamente, muchas veces se opina y se escribe en base a información parcial y, peor aún, parcializada. Si lo que se quiere es aportar –en contraposición a figurar– resulta indispensable contar con información fidedigna antes de abrir la boca o levantar la pluma. Por ejemplo, las noticias, opiniones y proyectos legislativos respecto de los precios de medicamentos, probablemente no partieron del monitoreo de los precios que se registran en el Observatorio de Productos Farmacéuticos y seguramente no tomaron en cuenta qué había sucedido con los precios internacionales de los insumos. Si los costos suben, es natural que los precios suban.

En el caso de las clínicas privadas se partió de un informe de la Contraloría que no se tomó el tiempo necesario para reunir información representativa y llegar a conclusiones válidas antes de hacerlo público. Al final, se dio pie a que algunos piensen que las clínicas privadas se habían comportado como “buitres”. En el caso del oxígeno medicinal, aparentemente muchos ofertantes (de diverso tamaño y grado de formalidad) han abusado de una situación extrema, ganándose el repudio de la población. Tal vez no hicieron algo ilegal, pero sin duda atentaron contra reglas no escritas de convivencia y contra el sentido común, que una vez más demuestra ser poco común, tanto por el acto de abuso como por la reacción al mismo.

Ahora, si bien defendemos la economía de mercado, no avalamos el capitalismo salvaje, el mercantilismo, ni lo que muchos consideran especulación desmesurada. En general, estamos en contra de aquellos actos que chocan con la solidaridad y el balance social. Sin embargo, el afán de lucro no es algo malo, es la motivación detrás de nuestro sistema económico. Es este afán el que ha permitido generar mucha riqueza en los últimos 30 años y sacar a más de 10 millones de peruanos de la pobreza. Es más, es lo que ha llevado a que, en el medio de la pandemia, se hayan mantenido millones de puestos de empleo y la provisión de servicios; no se debe satanizar.

Sin embargo, los abusos no deben tolerarse. Lo importante entonces, es distinguir entre abusos y movimientos propios del mercado. Y para poder diferenciar, se necesita buena información. El funcionamiento eficiente del mercado requiere que todos los actores tengan acceso a información fidedigna.  Aquí hay mucho por hacer. En vez de levantar apresuradamente un dedo acusador, hay que proveer de información de manera oportuna. ¿Por qué no se opta por publicar los precios de las muestras o del oxígeno, todos los días y para todos los proveedores? Un mercado más eficiente impondría mayor control y disciplina que cualquier regulación.

Pensar que los controles de precios o las empresas públicas son la solución es simplemente ignorar los enormes costos que estos ya generaron en nuestro país. El estado actual de nuestros hospitales públicos es un botón de muestra. La prevalencia del sentido común no se asegura con leyes que carecen del mismo.

Publicado en Diario Gestión, 11 de junio de 2020

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